La oposición denuncia un «golpe de Estado» contra el Parlamento y el oficialismo acusa a los legisladores de desconocer las decisiones del Poder Judicial.
La crisis política en Venezuela es cada vez más profunda.
Desde que en diciembre de 2015 la oposición recuperó por primera vez desde el año 2000 el control de la Asamblea Nacional (AN), en Venezuela se ha desarrollado lo que semeja una larga pelea de boxeo entre, por un lado, el Poder Legislativo y, por el otro, el Poder Judicial, que viene tomando decisiones que repetidamente tienden a favorecer al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El más reciente «asalto» en esta pelea se produjo este jueves a raíz de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que esta anunció que asumirá todas las competencias correspondientes a la AN, cuyas actuaciones considera nulas por encontrarse en una situación de «desacato» a sentencias anteriores del propio tribunal.
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«Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho», se lee en la sentencia emitida el miércoles.
La misma ha producido no solo respuesta de la oposición, sino también una cadena de reacciones internacionales, llegando el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a anunciar que su país retira de forma indefinida a su embajador en Caracas.
Pero, ¿es posible que en un régimen democrático el Poder Judicial asuma de forma genérica e indefinida todas las funciones del Poder Legislativo? ¿Qué implicaciones puede tener esto para la separación de poderes consagrada por la Constitución de Venezuela?