El recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones de San Miguel no es en contra de la gobernadora, si no contra la institución Gobernación Cordillera por ordenar el desalojo con fuerza pública de los terrenos que el Ministerio de Bienes Nacionales dice ser del Estado.
Los Atorga, en su presentación no dicen ser propietarios ni tener la tenencia de la franja de terreno de los que fueron desalojados, alegan que la diligencia no se ajustó a derecho ya que debió ser un juzgado civil quién otorgara la orden de desalojo y no la Gobernación.
Se habla de la franja por donde corría, años atrás, el ferrocarril militar de Puente Alto a El Volcán y que fue suspendido por Augusto Pinochet . Esta franja de terreno es de suma importancia para siete familias que adquirieron terrenos que, según planos y escrituras, les permitía llegar a la ribera del río Maipo.
Como se recuerda que, desalojados los Astorga, estas siete familias lograron llegar al río Maipo, situación que, de acoger la Corte el recurso de amparo, todo volvería a hoja cero y no se sabe si los ocupantes de La Cascada de las Ánimas volverían a levantar el muro.
Diario Cajón del Maipo al Día conversó con la abogada de la Gobernación, Alejandra Quevedo, quien en pocas palabras respondió a nuestra consulta sobre cuál era la situación legal de éste libelo: “Efectivamente, se presentó un recurso de protección ante la Corte de San Miguel y este fue declarado admisible. El viernes recién pasado fue notificada la Gobernación y tenemos 10 días hábiles para presentar toda la documentación que nos permitía efectuar el desalojo” y agregó “hay que dejar bien en claro que al declarar admisible el recurso, sólo significa que el tribunal de alzada escuchará a las partes para luego dar su veredicto”
Al consultarle como veía ella éste nuevo escenario, comentó: “Estamos muy tranquilos, ya que, la orden de desalojo, se cumplió de acuerdo con la documentación entregada por el Ministerio de Bienes Nacionales”