La administración de los municipios debieran ser instancias laborales para ciudadanos que buscan trabajar por el bien común, pero no siempre se da esta premisa. Efectivamente, el ser alcalde o concejal es visto muchas veces como un botín político de grupos de poder o de interés.
Para muestra un botón: 40% de las municipalidades presentan irregularidades financieras o derechamente están involucradas en casos de corrupción. Públicos han sido los casos de Las Condes, Vitacura, Algarrobo, San José de Maipo o Valparaíso, pero la lista es más abultada.
La pregunta sería, ¿por qué las municipalidades o corporaciones están siendo reducto de corruptos?
Una respuesta podría tener que ver con la autonomía de estas dependencias públicas, en donde las autoridades se convirtieron en verdaderos reyezuelos que no rinden demasiadas cuentas a superiores jerárquicos en el escalafón administrativo estatal. Es decir, no habría un control estricto sobre sus acciones, pudiendo desviar fondos, contratar servicios o trabajadores sin dar cuenta a nadie, favoreciendo intereses de lucro particulares.
Interesante sería ver qué sucedería si el control sobre estos temas fueran estrictos y se imposibilitara por ley la corrupción o las irregularidades, ¿estarían estos funcionarios dispuestos a trabajar por un sueldo mínimo, así como un ciudadano común y corriente?
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