(por Zeus)
Basado en un comunicado publicado por el diario de la competencia Nuestro Cajón del Maipo, el Municipio de San José de Maipo deberá pagar una millonaria indemnización a un trabajador que no era funcionario municipal, sino empleado de la empresa Transvel SpA, contratista a cargo de obras en la comuna. ¿La razón? El municipio no fiscalizó debidamente el cumplimiento de las obligaciones laborales de su contratista, y ahora la justicia lo responsabiliza subsidiariamente.
Todo comenzó en abril de 2022, cuando Claudio Mauricio Arévalo Alarcón presentó una demanda laboral tras ser despedido sin que se le cancelaran cotizaciones previsionales ni sus derechos legales. La empresa Transvel guardó silencio ante los tribunales, pero el fallo no dejó espacio a dudas: el Municipio, como mandante de la obra, debió supervisar que la empresa cumpliera con la ley.
Y no lo hizo.
Así lo estableció el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y, más tarde, la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la sentencia. El municipio deberá pagar todo lo que el empleador evadió, incluyendo cotizaciones, feriado legal, indemnización por años de servicio, recargo legal del 30% y costas judiciales.
Este nuevo traspié judicial se suma a una larga lista de dolores de cabeza que afectan a la administración local. A los problemas financieros en la Corporación de Educación y Salud, y las licencias médicas utilizadas para viajar, ahora se suma una condena por no cumplir con el deber básico de fiscalizar a las empresas que contrata.
¿Quién responde por estos errores? ¿Quién asume la responsabilidad política de que hoy los dineros municipales —los de todos— se destinen a pagar lo que otros debieron cumplir?
La justicia ya habló. Ahora le toca a la ciudadanía exigir respuestas.
