(por Zeus)
El tema de las viviendas sociales no es un asunto menor ni pasajero. Es una urgencia que debe ser abordada con decisión y seriedad tanto por la Municipalidad como por el Concejo Municipal de San José de Maipo. Dirán que no es su competencia —y es cierto en términos estrictos—, pero sí pueden ser el motor que empuje a los de arriba. De lo contrario, los allegados seguirán aumentando, las personas sin casa continuarán esperando una solución que parece nunca llegar, y la proliferación de campamentos seguirá creciendo.
El sistema actual simplemente no funciona para comunas rurales como la nuestra. En zonas urbanas se construyen departamentos sociales que permiten a las familias vulnerables postular con más facilidad. Pero en sectores como el Cajón del Maipo, donde no hay edificios, se exige a los postulantes acceder a casas, lo que implica requisitos mucho más difíciles de cumplir.
La normativa habla de un ahorro mínimo de 10 UF. Sin embargo, en la práctica esa cifra es mucho más alta. Un vecino comentó en una nota publicada en este mismo medio:
“A nosotros, para Las Pataguas, nos están pidiendo un mínimo de 50 UF más o menos… imagínense cómo junta uno ese dinero.” .
Es verdad que existe un periodo para reunir el ahorro, pero para una persona que vive con un ingreso bajo —sin llegar siquiera al sueldo mínimo— cualquier emergencia puede obligarla a retirar dinero de su libreta. Y cuando llega el momento de postular, simplemente no cuenta con el monto completo exigido.
A eso se suma otra injusticia: la manipulación del sistema por parte de sectores de clase media que logran quedar en el 40% más vulnerable a través de la Ficha de Protección Social. ¿Cómo lo hacen? Declarando menos ingresos de los reales. Estos sinvergüenzas merecen el desprecio de la comunidad por arrebatarles una vivienda a quienes realmente la necesitan. Como dijo otra vecina en el mismo artículo: .
“Es cosa de mirar los autos estacionados en las viviendas básicas sociales, como para hacerse una idea de lo que estamos hablando…”
Este tema no puede seguir siendo ignorado ni tratado a medias. Es hora de que las autoridades comunales, provinciales y nacionales lo enfrenten con la seriedad que merece. Una medida concreta sería prohibir la venta de estas viviendas durante al menos 25 años, salvo en casos debidamente acreditados de movilidad habitacional. Esta medida incomodaría, sin duda, a esa lacra de traficantes de viviendas sociales, las que pueden alcanzar un precio d 60 millones de pesos al paso de 5 años que les permite vender en la actualidad, vale decir una renta de un millón de peos mensuales durante 5 años. La otra medida es un exhaustivo análisis de los antecedentes de los postulantes y no dejar esta tarea solo a los Comité .
Si no se actúa ahora, mañana será demasiado tarde. Y, como siempre, las consecuencias las pagarán los de abajo: los más pobres.
