“Creemos que hay indicios de corrupción en los municipios que han permitido estas actividades sin un control adecuado. Similar a lo que ocurrió con los casinos ilegales, las municipalidades han otorgado permisos que no cumplen con las normativas legales. Queremos que esto se investigue a fondo para determinar si hubo actos de corrupción, como cohecho o tráfico de influencias”, señala tajante Mauricio Daza, autor de la querella que interpusieron los vecinos de San Juan de Pirque en contra de las empresas INEL SpA y Áridos Balmaceda Limitada.
“Hay que señalar que el año pasado se aprobó una ley que consagra los denominados “delitos ambientales” (ley 21.595) dentro de los cuáles se encuentra el realizar actividades que deben ser sometidas a un sistema de evaluación ambiental, pero que los titulares de estos proyectos sabiéndolo o estando en posición de saberlo, lo realizan igual, pero sin contar con un estudio o declaración de impacto ambiental previa”, enfatiza Daza.
La querella contraviene al artículo 305 del Código Penal, que destaca que ambas empresas han operado sin las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que estipula la ley que deben poseer.
Como si esto fuera poco, también se acusa que han extraído volúmenes superiores a los 50,000 metros cúbicos permitidos sin dicha evaluación, alcanzando niveles de actividad que las califican como extracción industrial.
TRES MUNICIPIOS EN LA MIRA
Por lo mismo y aparte de solicitar investigar a las empresas y sus representantes, también esta querella se amplía a las municipalidades de San José de Maipo, Puente Alto y Pirque, para confirmar la falta de autorizaciones como lo dispone la Ley.
DELITO Y DAÑO AMBIENTAL
“Lo que nosotros estamos afirmando precisamente es que estas dos empresas y, especialmente sus ejecutivos, estarían realizando esta actividad de manera ilícita y que sería constitutivo del delito de elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental», señala Daza.
“En concreto la querella va en contra de quienes resulten responsables, pero por los hechos relacionados con Inel y con Áridos Balmaceda», recalca el abogado.
La querella señala que las actividades de las empresas han desviado el cauce del río Maipo, causando una erosión severa en la ribera norte, donde se encuentran las propiedades de los vecinos querellantes.
Esto ha reducido drásticamente la distancia de seguridad entre las viviendas y el río, pasando de 80 metros a tan solo 5 metros, obligando a familias a abandonar sus hogares.
PENAS
“Pueden ir de tres años y un día a diez años de cárcel. Esta legislación fue bastante polémica, la CPC lo llevó al tribunal constitucional, hoy en día estas normas son ley. Esto va a marcar un precedente muy importante, respecto del futuro de la persecución penal de delitos ambientales y por lo tanto, estamos muy expectantes cual va a ser el destino de esta causa”, concluye Mauricio Daza.
