Para comenzar, este abogado debiera darse por satisfecho el haber capeado la cesantía por dos años al amparo del alcalde Pérez y percibiendo un sueldo de más de 3 millones de pesos.
Por decencia, y en agradecimiento al alcalde que lo contrató, debiera dimitir debido a la pésima asesoría que le brindó. Solo algunas se detallan:
Al hacerse cargo la nueva administración, se despidieron varios funcionarios que, económicamente le habría sido menos oneroso al municipio, haber dejado que cumplieran el período determinado en el contrato;
Se contrató a una persona sin ser profesional en un puesto que lo requiere y la Contraloría lo está objetando. Seguramente el alcalde deberá restituir los pagos que se le hizo a esta funcionaria;
No asesoró debidamente al Secpla de la época para que mantuviera al ITO a cargo de las obras del complejo deportivo o, de no haberse logrado, contratar a un reemplazante. No lo hizo y por tal motivo permanecen las obras del complejo deportivo paralizadas y la municipalidad demandada por 2.000 millones de pesos;
El concejo destituyó al anterior administrador municipal y el asesor jurídico aconsejó mantenerlo, lo que obligó a los concejales acudir a la justicia para que dirimiera el impasse. La Corte de Apelaciones de San Miguel le dio la razón a los ediles, dejando al alcalde en muy desmejorada posición;
Recientemente, se despidió al administrador municipal, Patricio Tombolii en circunstancia que hacía uso de licencia médica. Tal vez, el municipio sea acreedor de otra demanda laboral.
Así sigue y suma, pero el señor abogado Felipe Guerra se jacta de defender los recursos municipales al negociar bien con los demandantes, en vez de evitar las demandas.
