Y esto ocurre gracias a una ley que era beneficiosa para la República, pero nefasta para las arcas fiscales: La ley que democratizó a las municipalidades.
Haciendo un poco de historia vemos que en la República antigua, se le denomina así a la época antes del golpe militar o gobierno militar, como se le quiera llamar, las municipalidades contaban con un exiguo presupuesto en circunstancia que su labor solo radicaba en el manteniniento de plazas, calles y retiro de desperdicio domiciliarios. La asistencia a la comunidad casi no existía.
Pues bien, la dictadura o gobierno militar, les asignó variadas labores, siendo las más importantes la salud y educación, lo que significó el manejo de grandes cantidades de dinero.
El alcalde lo nombraba el Ejecutivo y debían rendir cuenta al gobernador, este al intendente y él al Ministro del Interior, es decir una cadena de mando que supone ser más difícil ROBAR.
Para separar las labores inherentes al municipio de las de educación y salud, se formaron Corporaciones, que por su carácter de privadas evadían la fiscalización de la Contraloría, pero no la del gobernador que fiscalizaba al alcalde.
Cuando se dictó la ley que democratizaba a las municipalidades, se cortó la cadena de mando y los alcaldes pasaron a ser unos verdaderos “reyecitos” en donde solo los concejales los fiscalizan en una mínima proporción.
Las municipalidades que contaban con grandes recursos, crearon corporaciones para lograr sus nefastos propósitos de enriquecerse con dinero fiscal.
Mucho tiempo después se determinó que por recibir dinero fiscal, debían rendir cuenta al ente fiscalizador.
Así las cosas, tenemos 40% aproximado de municipios con casos de corrupción o irregularidades financieras. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
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