Por Bonnie Márquez Jerez
En 1980, entró en vigencia el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-3.063, que en su artículo 12 abría la posibilidad para que los municipios crearan las Corporaciones Municipales de Educación y Salud.
Estas corporaciones se crearon al alero del derecho privado, pero reciben los fondos públicos destinados a la gestión de educación y salud. Por lo tanto, los funcionarios que trabajan al interior de las Corporaciones Municipales de todo el país se rigen por el Código Laboral. Sin embargo, y considerando que los recursos que administran estas corporaciones provienen del erario público, estos deben ser administrados de conformidad a las reglas del derecho público, aunque por años se haya hecho en forma diferente.
Las corporaciones municipales se han transformado en la piedra en el zapato para los organismos de control y en un verdadero hoyo en el bolsillo del Estado.
Por años los Alcaldes, que actúan como presidentes del directorio, han hecho y deshecho a su placer. Esta amplia potestad abrió la puerta para los abusos, transformando a las corporaciones en una caja de favores políticos personales del Edil de turno, y por décadas los organismos de fiscalización, tanto locales como centrales, quedaron aislados de un control preventivo y han llegado siempre tarde a encontrar los problemas.
San José de Maipo, no ha sido la excepción, ya que por años nuestra Corporación Municipal de Educación y Salud fue administrada en forma muy rudimentaria, no por responsabilidad de quienes la administraron, pues si el Estado no se preocupó por regularlas en forma más robusta apegándolas al derecho publico en cuanto al manejo de los fondos, menos lo habrían hecho quienes estuvieron a la cabeza de ella por años y que de una u otra forma lograron sacarla adelante.
Por lo tanto, todo lo que hoy ocurre en el interior de nuestra Corporación en cuanto a desorden administrativo, falta de transparencia, gastos sin rendición, e insolvencia, se lo debemos a un gigantesco abandono de deberes por parte del Estado durante décadas; pasando por los distintos gobiernos desde el año 1981 y hasta el año 2021.
Afortunadamente, desde el 29 de Noviembre de 2021, mediante el Dictamen E-160316 de la Contraloría General de la República, las Corporaciones Municipales han quedado sujetas a la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886, de Compras Públicas; la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios; y la Ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.
Por lo tanto, a la luz de este dictamen de la Contraloría, nuestra Corporación está obligada a transparentar su gestión, ingresos, egresos, compras y gastos de toda índole.
Es por ello que el actual Directorio del cual formo parte esta realizando una labor de fiscalización exhaustiva en cuanto a la administración actual, que ya no podrá moverse a sus anchas como lo fue en el pasado.
Debo agradecer al Alcalde Pérez, que además ha permitido que el Directorio de nuestra Corporación Municipal ejerza una labor de fiscalización en coordinación con el Concejo Municipal, ya que en años anteriores, la administración era una verdadera caja de pandora, dentro de la cual, a quienes formamos parte del Directorio en esos tiempos no se nos informaba de todo lo que ocurría, ya que como he señalado anteriormente, la reglas del juego eran muy distintas y el Estado no ejercía un verdadero rol de fiscalización y tampoco se habían incorporado las disposiciones del derecho público a sus quehaceres.
Todo lo anterior , sin dejar de mencionar que actualmente se encuentra en trámite el Proyecto de ley que vendrá a cambiar el panorama, ya que se fortalecen los mecanismos de probidad y transparencia, tanto en los municipios como en las Corporaciones municipales.
Cabe destacar que el día jueves 29 de julio se llevó a cabo el primer Concejo ampliado entre el Directorio de la Corporación y el Concejo Municipal a instancias del Presidente de la Comisión de Educación, nuestro querido Profesor Mario Fernández.
En la ocasión se adoptaron varios acuerdos relativos a una mayor transparencia en la administración de la Corporación, así como también mayores atribuciones de fiscalización, de conformidad a las nuevas reglas del juego.
