Concejos municipales, municipalidad, Corporación, cuoteos políticos, sueldos de planta, sueldos a honorarios, a contrata, personalidades jurídicas, código laboral, fiscalizaciones, auditorías, Contraloría, gobernaciones, Ley de Transparencia, licitaciones, etc., la lista de conceptos que debemos manejar para entender la administración pública es amplia, pero todo confluye en el objetivo de entender la operativa de las reparticiones que el Estado posee.
Dentro de esas reparticiones tenemos la figura de la Corporación Municipal, que son instituciones jurídicas de derecho privado, para los efectos de la administración y operación de los servicios de salud, educación y atención de menores, con fines artísticos o culturales. Pero el gran tema es que los fondos son fiscales, es decir se trabaja con fondos públicos, pero se ocupa el Código del Trabajo y no el Estatuto Administrativo, con sus escalafones y grados, en el caso de las contrataciones.
Detallado lo anterior, y apropiándonos de toda la nomenclatura a manejar, ¿será momento de buscar algún mecanismo extra de control y rendición para una corporación?
Ya sabemos que en el caso de la Corporación de San José de Maipo hay una auditoría de la Contraloría trabajando para identificar y reparar, suponemos, las supuestas irregularidades que encuentre, pero ¿será suficiente para enderezar el rumbo de estas personalidades jurídicas?
En lo concreto, la opinión pública clama por transparentar el trabajo de sus autoridades. La confianza se ha mermado hace rato ya y la ciudadanía exige que los trabajos públicos sean eso, públicos, y no ajustes de cuentas partidistas o “amiguistas”, en donde los sueldos muchas veces no tienen relación con la formación de dichos funcionarios y menos con sus capacidades o estudios de formación, sin dejar de mencionar los posibles nepotismos existentes.
