(por Zeus)
A pesar de haber sido clausurado en 2024 por insalubridad y condiciones estructurales deficientes, el centro turístico Salto del Yeso, ubicado en San José de Maipo, reabrió sus puertas en enero de 2025 de manera irregular, tras romper los sellos y candados impuestos por la autoridad sanitaria. Aún más grave, el recinto continúa operando incluso después de un nuevo decreto de reclausura emitido el 10 de febrero del mismo año.
Según denuncias ciudadanas, la continuidad del funcionamiento del recinto se explicaría por presuntas influencias políticas, incluyendo, se dice, la intervención de un exconcejal de la comuna. Esto ha generado una profunda indignación entre los vecinos, quienes acusan un trato desigual en la aplicación de las normas. Mientras otros emprendedores reciben partes o son fiscalizados por infracciones menores, Salto del Yeso permanece abierto sin consecuencias visibles.
El lugar no solo presenta deficiencias sanitarias, sino que también ha sido escenario de varias tragedias ocurridas en la zona. En los últimos años se ha reportado la muerte de una joven venezolana de 21 años que cayó al río mientras se tomaba una fotografía, el fallecimiento de una profesora de 45 años tras caer de una tirolesa, y la aparición del cadáver de un kayakista de 44 años. A estos casos se suma el dramático accidente de 2019 en el que murieron dos niñas brasileñas.
Una inspección realizada por la Seremi de Salud reveló graves deficiencias: baños sin agua ni sistema de descarga, zonas comunes sin jabón ni sistemas de secado, y una fosa séptica sin documentación ni ubicación adecuada, entre otras irregularidades. Por ello se ordenó su clausura y se inició un sumario sanitario.
Sin embargo, la fiscalización municipal ha sido insuficiente o inexistente. Desde hace más de dos años, el Diario Digital Cajón del Maipo al Día ha advertido sobre estas anomalías, incluso publicando en septiembre de 2022 la denuncia de un turista que alertó sobre las condiciones del lugar. No obstante, la inacción persiste, y el recinto continúa operando con carteles de clausura colocados simbólicamente, pero sin efecto real.
Vecinos y organizaciones locales exigen respuestas concretas del alcalde Roberto Pérez y del director de inspección municipal, Felipe Armijo, así como voluntad política para aplicar la ley sin privilegios. La permisividad ante la irregularidad, además de atentar contra la imagen turística de la comuna, pone en riesgo la seguridad y la vida de los visitantes.
