(por Zeus)
“Porque a pesar de pertenecer al 40% más vulnerable, jamás podré tener en mi libreta las 10 UF que se exige al momento de postular”.
Esta frase, repetida por cientos de familias a lo largo del país, resume el drama de quienes más necesitan un techo digno y ven cómo el sueño de la casa propia se les escapa una y otra vez, incluso cumpliendo con los requisitos sociales.
En Chile, los programas de vivienda social, como el subsidio DS49, están destinados precisamente a quienes no tienen otra propiedad, no acceden a créditos bancarios, tienen cargas familiares y forman parte del 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Sin embargo, en la práctica, hay un obstáculo que se ha vuelto insalvable para muchos: el ahorro mínimo exigido.
Hoy, reunir 10 UF —unos 400 mil pesos— es una tarea casi imposible para una persona que vive con el salario mínimo, que actualmente bordea los 539 mil pesos. Los más afortunados logran ahorrar mes a mes, pero basta un imprevisto para tener que retirar dinero de la libreta y volver a quedar fuera del sistema. Como si eso fuera poco, la línea del 40% es difusa y, muchas veces, quienes realmente necesitan la ayuda quedan atrás mientras otros, con más recursos y sin escrúpulos, logran postular con éxito.
Estos «inversionistas encubiertos» compran una vivienda social y la arrendan o simplemente esperan los cinco años legales para venderla, obteniendo una ganancia millonaria: con una inversión de 400 mil pesos pueden ganar hasta 50 millones en cinco años. Un negocio redondo que distorsiona el propósito original de estos programas.
¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Una propuesta concreta sería subsidiar directamente a quienes realmente pertenecen al 40% más vulnerable, sin exigirles un ahorro que no pueden conseguir. Además, se podría extender el periodo mínimo de prohibición de venta a 15 años, salvo que se demuestre que la venta es para adquirir una vivienda mayor que responda a nuevas necesidades familiares.
Por otro lado, es evidente que el SERVIU no tiene la capacidad para fiscalizar eficazmente estos abusos. Por eso, los municipios deben asumir un rol más activo en la defensa de los derechos de los más pobres. Y dentro de ellos, los concejales, elegidos por la comunidad, tienen el deber de fiscalizar, denunciar y levantar la voz cuando el sistema es utilizado con fines que rayan en el lucro.
Finalmente, también existe una responsabilidad moral: quienes obtuvieron legalmente su vivienda social deben denunciar a quienes se aprovechan de las debilidades del sistema. Solo así será posible que más familias accedan a un hogar digno, sin trampas ni privilegios para los más vivos.
Porque el derecho a una vivienda no debería ser una promesa eterna para los más pobres.
